La Justicia frenó la ley que consiguió aprobar el Gobierno y que prevé la intervención del Registro Nacional de Trabajadores Rurales (Renatre). A través de dos medidas cautelares dictadas por la Justicia de la Seguridad Social, y de otra ordenada por un juez platense, los efectos de la ley quedarán en suspenso hasta la resolución de las apelaciones que ya presentó el Ejecutivo. La disputa judicial quedó planteada entre el Gobierno, por un lado, y las entidades patronales agropecuarias y el sindicato del sector (UATRE), que comparten la conducción del organismo, por otro.
Los tres fallos fueron dictados la semana pasada y recién se conocieron ayer. Es que ni las cámaras empresarias ni el jefe de la UATRE, Gerónimo Venegas, querían darlos a conocer para no agudizar la pelea con el Gobierno. El viernes pasado, afiliados al sindicato le impidieron ingresar al Renatre al delegado normalizador Oscar Maffe, designado por el Ministerio de Trabajo.
El vicepresidente del Renatre, Abel Guerrieri, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, confirmó que el Juzgado 10 de la Seguridad Social, a cargo de la magistrada subrogante Ana María Rojas, hizo lugar a los recursos de amparo que presentaron por separado el organismo y el sindicato. Y que el juez de Garantías platense Guillermo Atencio hizo lo propio respecto de un pedido hecho por un trabajador que percibe el subsidio por desempleo que paga el Renatre.
Los tres recursos fueron presentados casi al mismo tiempo de la promulgación de la Ley 26.727, que establece la disolución del Renatre y su reemplazo por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), con gestión a cargo de la cartera laboral Gobierno. El Renatre recauda un 1,5% de los salarios de los trabajadores registrados en el sector rural (se calcula que hay en esas condiciones unos 800 mil) para destinar esos recursos, que ascienden a cerca de 10 millones de pesos al mes, para el pago de un subsidio por desempleo de 960 pesos.
Las objeciones planteadas por la conducción del Renatre y del gremio a la ley apuntan a supuestos vicios en su sanción, y a la presunta inconstitucionalidad de sus alcances. Guerrieri adelantó, además, que las entidades del campo, SRA, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro, presentarán «una acción de amparo en conjunto» para evitar la intervención del organismo.
Objetivo
«Queremos dejar claro que no estamos violando una ley que se sancionó. Creemos que es una ley inconstitucional y fuimos a la Justicia para que se pronunciara al respecto. En la sanción hay más de cien artículos que mezclan legislación laboral con cuestiones provisionales, y que se aprobaron en medio de una locura de fin de año. La ley adolece de un montón de defectos», amplió el dirigente ruralista.
De acuerdo con las autoridades del Renatre, se trata de un ente autárquico no gubernamental, por lo que alegaron que era inconstitucional que la intervención produjera un «desapoderamiento» de sus bienes muebles e inmuebles. El organismo cuenta con un fondo acumulado cercano a los 100 millones de pesos, depositados en cuentas de los bancos Nación y Provincia.
El Ministerio de Trabajo informó que las dos medidas cautelares dictadas por el juzgado de la Seguridad Social «fueron recurridas» y que esperarán la resolución adoptada por la sala de feria de la Cámara del fuero.
Los tres fallos fueron dictados la semana pasada y recién se conocieron ayer. Es que ni las cámaras empresarias ni el jefe de la UATRE, Gerónimo Venegas, querían darlos a conocer para no agudizar la pelea con el Gobierno. El viernes pasado, afiliados al sindicato le impidieron ingresar al Renatre al delegado normalizador Oscar Maffe, designado por el Ministerio de Trabajo.
El vicepresidente del Renatre, Abel Guerrieri, dirigente de la Sociedad Rural Argentina, confirmó que el Juzgado 10 de la Seguridad Social, a cargo de la magistrada subrogante Ana María Rojas, hizo lugar a los recursos de amparo que presentaron por separado el organismo y el sindicato. Y que el juez de Garantías platense Guillermo Atencio hizo lo propio respecto de un pedido hecho por un trabajador que percibe el subsidio por desempleo que paga el Renatre.
Los tres recursos fueron presentados casi al mismo tiempo de la promulgación de la Ley 26.727, que establece la disolución del Renatre y su reemplazo por el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea), con gestión a cargo de la cartera laboral Gobierno. El Renatre recauda un 1,5% de los salarios de los trabajadores registrados en el sector rural (se calcula que hay en esas condiciones unos 800 mil) para destinar esos recursos, que ascienden a cerca de 10 millones de pesos al mes, para el pago de un subsidio por desempleo de 960 pesos.
Las objeciones planteadas por la conducción del Renatre y del gremio a la ley apuntan a supuestos vicios en su sanción, y a la presunta inconstitucionalidad de sus alcances. Guerrieri adelantó, además, que las entidades del campo, SRA, Confederaciones Rurales, Federación Agraria y Coninagro, presentarán «una acción de amparo en conjunto» para evitar la intervención del organismo.
Objetivo
«Queremos dejar claro que no estamos violando una ley que se sancionó. Creemos que es una ley inconstitucional y fuimos a la Justicia para que se pronunciara al respecto. En la sanción hay más de cien artículos que mezclan legislación laboral con cuestiones provisionales, y que se aprobaron en medio de una locura de fin de año. La ley adolece de un montón de defectos», amplió el dirigente ruralista.
De acuerdo con las autoridades del Renatre, se trata de un ente autárquico no gubernamental, por lo que alegaron que era inconstitucional que la intervención produjera un «desapoderamiento» de sus bienes muebles e inmuebles. El organismo cuenta con un fondo acumulado cercano a los 100 millones de pesos, depositados en cuentas de los bancos Nación y Provincia.
El Ministerio de Trabajo informó que las dos medidas cautelares dictadas por el juzgado de la Seguridad Social «fueron recurridas» y que esperarán la resolución adoptada por la sala de feria de la Cámara del fuero.
